Comunicaciones

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE COMUNICA RESPALDO A LA LUCHA DEL SECTOR CIENTÍFICO ANTE EL DESFINANCIAMIENTO NACIONAL

ANTECEDENTES

Constitución Nacional.

Ley 25467: Ley nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001). Establece las bases para la promoción y fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en Argentina.

Ley 26421: Declara al Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAÍCES) como política de Estado.

Ley 27614: Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2020. Incluye disposiciones sobre el presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación.

Ley 27757: Ley de financiamiento a universidades nacionales. Vetada por el Ejecutivo Nacional en el año 2024.

Carta Orgánica Municipal.

FUNDAMENTOS

La presente comunicación se fundamenta en la necesidad de expresar preocupación institucional frente al profundo deterioro que atraviesa el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en la República Argentina, como consecuencia del desfinanciamiento sostenido, la paralización de programas estratégicos y la pérdida masiva de capacidades científicas y técnicas acumuladas durante décadas.

La situación que enfrentan actualmente las universidades públicas y los organismos de investigación se ha tornado crítica. El diagnóstico realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -organismo creado en 1985 que reúne a los rectores de todas las universidades públicas del país, sin distinción partidaria ni ideológica- advierte sobre una crisis estructural de enorme gravedad. Esas casas de estudio, que generan el 70% de la producción científica nacional, sufren hoy la falta de ejecución presupuestaria, la interrupción de programas de financiamiento y cooperación, y una creciente sangría de recursos humanos altamente especializados.

En particular, se ha constatado la suspensión de casi todas las actividades del Programa RAÍCES, creado por la ley 26421 como política de Estado para el fortalecimiento del vínculo con científicos residentes en el exterior. Asimismo, se cancelaron los contratos con las principales editoriales científicas internacionales, obstaculizando el acceso a la producción global del conocimiento. Los programas de cooperación bilateral y multilateral han sido prácticamente desactivados, y se han eliminado de hecho los Sistemas Nacionales de Grandes Equipamientos Científicos.

A la vez, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT) ha incumplido sistemáticamente con el financiamiento de proyectos PICT ya evaluados y aprobados, y no ha lanzado nuevas convocatorias, paralizando uno de los pilares del sistema científico-tecnológico. Se interrumpieron también los programas Construir Ciencia y Equipar Ciencia, que permitían mejorar la infraestructura y equipamiento de laboratorios en todo el país, y se ha vuelto inviable gestionar los certificados ROECyT, fundamentales para la importación de insumos exentos de gravámenes.

Uno de los efectos más alarmantes de esta situación es la destrucción del empleo en el sector científico público. Según un relevamiento del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), desde el inicio de la actual gestión nacional se han perdido más de 4.148 puestos de trabajo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Solo en los últimos tres meses se contabilizaron 531 bajas, afectando tanto a personal administrativo como a investigadores y técnicos. El Conicet, organismo central del sistema, perdió 1.513 trabajadores; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 734; y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 436.

El impacto de estas decisiones se manifiesta no solo en despidos y jubilaciones sin reemplazo, sino también en un éxodo de científicos que ya no es aislado, sino una tendencia creciente. A la incertidumbre y la falta de recursos se suma el deterioro de los salarios, que empuja al pluriempleo y a la migración hacia el sector privado o el exterior, en busca de condiciones laborales mínimamente dignas.

De acuerdo a datos de la Secretaría Gremial de ATE Capital, durante el año 2024 aumentaron en un 46% las renuncias del personal administrativo y en un 24% las del personal de investigación, lo que representa una pérdida de 1.291 trabajadores en total. En el Conicet, el 11% de su personal administrativo ha sido expulsado durante el año en curso, mientras becarias y becarios de la Agencia padecen congelamientos de estipendios que llevan más de un año sin actualización.

En este marco, los testimonios de investigadores y trabajadores del sistema expresan una profunda preocupación por el vaciamiento en curso, que no solo deteriora la estructura institucional y humana del sistema científico nacional, sino que pone en riesgo su continuidad.

La ciencia y la tecnología no son un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo soberano, la mejora de la calidad de vida de la población, la diversificación productiva y la integración territorial. El país ha sabido construir, con enormes esfuerzos, un entramado institucional y humano valioso, reconocido internacionalmente, que hoy está en peligro.

Este Concejo Municipal considera imprescindible acompañar y visibilizar la grave situación que atraviesa el sistema científico y tecnológico nacional, en defensa del conocimiento como bien público y del trabajo de miles de científicos, científicas, docentes, becarios y trabajadores de la ciencia que, desde los distintos territorios del país, sostienen con compromiso y esfuerzo el desarrollo soberano, la producción de saberes contextualizados, la generación de soluciones innovadoras y la construcción de ciudadanía crítica.

En particular, tratándose del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, localidad reconocida por albergar instituciones científicas y tecnológicas de excelencia como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), INVAP, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto Balseiro, resulta aún más incongruente y alarmante la aplicación de medidas que atentan contra la continuidad del sistema científico nacional, afectando directamente a profesionales que desarrollan su labor en entidades emblemáticas del conocimiento y la innovación tecnológica de nuestro país.

Por todo ello, este Concejo reafirma su compromiso con la promoción y defensa de políticas públicas que garanticen el derecho al conocimiento, el acceso a la educación superior y el desarrollo de una ciencia digna, federal, inclusiva y soberana.

AUTOR: Concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche).

El proyecto original N.º 321/25, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 12 de junio de 2025, según consta en el Acta N.º 1205/25. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SANCIONA CON CARÁCTER DE

COMUNICACIÓN

Art. 1°)	Se comunica al Conicet, a los Consejos Universitarios Provinciales y Nacionales, a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, a los sindicatos del sector, a las trabajadoras, trabajadores e integrantes del sistema científico, el respaldo del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche frente al vaciamiento y desfinanciamiento que afecta a universidades, organismos de investigación y programas estratégicos de ciencia y tecnología.
Art. 2°)	Se comunica al Conicet, a los Consejos Universitarios Provinciales y Nacionales, a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, a los sindicatos del sector el acompañamiento a las convocatorias, jornadas de lucha y reclamos colectivos impulsados por el sector, en defensa del conocimiento como bien público y del trabajo científico como herramienta de desarrollo.
Art. 3°)	Comuníquese. Dése a publicidad. Cumplido, archívese.

 

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