El 4 de enero del 2027 vence la actual carta orgánica, y San Carlos de Bariloche debe someterla a revisión por segunda vez en la historia. Pero, mucha gente se pregunta: ¿Qué es y que dice la Carta Orgánica?
Por lo tanto, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche (el organismo que debe aprobar la ordenanza y convocar a la elección de convencionales), comenzó con una campaña de comunicación se apunta a instruir e informar a la ciudadanía acerca de este proceso.
A través de medios audiovisuales y de las redes sociales, se apunta a que toda la comunidad sepa con claridad qué es la Carta Orgánica, su contenido, qué es lo que se actualiza este año, quienes harán el trabajo y qué se debe votar cuando se defina la fecha.
A través de videos, audios, influencers e informes, y distintas estrategias de comunicación el Concejo Deliberante cuenta que la Carta Orgánica Municipal de Bariloche fue sancionada en 1986 siendo la primera de la Patagonia, con una mirada de vanguardia en su contenido. Se modificó por primera vez en 2006, finalizando el tratamiento durante los primeros días de enero de 2007 y en sus páginas, se decreta que debe ser revisada y actualizada cada 20 años.
Es, sin lugar a dudas, la ley suprema de Bariloche, que respeta las bases constitucionales de la provincia de Río Negro y de la Nación Argentina. Es el instrumento político y jurídico que posibilita la fijación de una serie de derechos y obligaciones, la organización de los poderes y la determinación de las atribuciones municipales. Es como una Constitución, pero sólo de una ciudad, de nuestra ciudad, en este caso.
Sin embargo, es mucho más que un conjunto de disposiciones, ya que establece pautas de convivencia, cohesión y visión de futuro. Organiza sus instituciones en sintonía con los preceptos del marco constitucional, generando herramientas para la cohesión social, el desarrollo local y el fortalecimiento democrático.
También contempla otras temáticas como la formación y sanción de las ordenanzas, justicia municipal de faltas, la descentralización del estado local, la Defensoría del Pueblo, el régimen electoral, planeamiento, preservación del medio ambiente, hábitat, políticas de desarrollo humano y económico, entre otras.
A 20 años de la última revisión, en la actualización que se emprenderá, estará bajo análisis nuevamente cada una de sus disposiciones generales y artículos. Allí, deberán adaptarse las normas locales a los nuevos contextos sociales, tecnológicos o legales, permitiendo mejorar la participación ciudadana, la transparencia y los mecanismos de control local.
En un mundo y en un país tan cambiante y con modernizaciones permanentes, las sociedades van mutando y adaptándose a los nuevos tiempos, por lo que los sistemas o mecanismos que hace dos décadas parecían adecuados, hoy – por lo menos – deben ser revisados y adaptados a la actualidad imperante.
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