En una sesión extraordinaria realizada este jueves, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que declara el estado de emergencia “económica, social y de servicios” en la ciudad, debido a la pandemia por el COVID-19.
El encuentro se llevó adelante sin público en la sala de sesiones del Deliberante bajo un protocolo de prevención por la situación y fue transmitido en vivo por las redes oficiales de la institución.
Los ediles avalaron por unanimidad el documento, luego de debatir sobre los diversos puntos que éste propone y de realizarle algunas modificaciones.
Durante la sesión, los concejales coincidieron en la importancia de brindarle herramientas específicas al Ejecutivo para que pueda gobernar adecuadamente en la ciudad, en este marco de pandemia y sus consecuencias. Destacaron el consenso al que finalmente arribaron los diferentes bloques.
El proyecto, de autoría del intendente Gustavo Gennuso, declara el estado de emergencia “económica, social y de servicios” en Bariloche, en virtud de la “emergencia sanitaria por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19 y los DNU 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional y DNU 01/20 de la Provincia de Río Negro y sus modificatorias”.
El documento avalado autoriza al Departamento Ejecutivo a implementar “medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar una atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia, a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho”.
Además, autoriza al Ejecutivo a suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas, en el marco de la respuesta integral de la emergencia.
El gobierno municipal podrá también realizar una readecuación en los plazos, vencimientos y mecanismos de pago en relación a las obligaciones derivadas de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria vigentes, en forma exclusiva y en favor de aquellos rubros y actividades que se vieran afectados por la aplicación de medidas restrictivas para la producción de bienes, prestación de servicios o la atención de público, en el marco de la emergencia, siempre y cuando los beneficiarios de estos mecanismos mantengan la dotación de trabajadores igual o mayor a la que tenían al 12 de marzo de 2020 inclusive.
Asimismo, se creará una comisión de seguimiento a efectos de informar de todas las acciones que se lleven adelante, y proponer diversas acciones no vinculantes tendientes a optimizar las medidas adoptadas. Estará conformada por el intendente o un funcionario del Departamento Ejecutivo designado para tal fin, la comisión legislativa del Concejo Municipal y el presidente del Tribunal de Contralor.
La propuesta aprobada plantea que el Ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones en la página web oficial, informará en una reunión semanal, presencial o por medios digitales, mientras dure la emergencia, las diferentes medidas y acciones dispuestas en el marco de la presente.
Se establece que “los obreros y empleados municipales, en estricto cumplimiento de los alcances de la Ordenanza 137-CM-88 e independientemente del rol o tarea que normalmente desarrollan, serán convocados a la prestación de servicios con afectación general, de acuerdo a las disposiciones que evalúe la autoridad de aplicación y a la evolución de la situación epidemiológica y de emergencia declarada”.
El documento aclara que la afectación es general, “aun cuando se requieran acciones de tipo parcial, y contemplará tareas y horarios de orden cotidiano, pero también esquemas de trabajo que requieran refuerzo específico, de acuerdo a las aptitudes técnicas y operativas que la autoridad municipal reconozca en el personal y entienda necesarias de poner al servicio comunitario”.
El proyecto fue aprobado con el voto positivo de los concejales Natalia Almonacid (presidenta del cuerpo - JSRN), Gerardo Ávila (JSRN), Carlos Sánchez y Puente (JSRN), Norma Taboada (JSRN), Claudia Torres (JSRN), Julieta Wallace (FDT), Marcelo Casas (FDT), Roxana Ferreyra (FDT), Ariel Cárdenas (BxC) y Gerardo del Río (PUL). Pablo Chamatropulos (POBAR), quien estuvo ausente, envió una nota justificando su ausencia.
La declaración del estado de emergencia entró este jueves en vigencia y durará noventa días. Podrá ser prorrogable en caso de ser necesario, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia.
