El Concejo Municipal sesionó este jueves y aprobó una Ordenanza para adjudicar tierras sociales. También emitió comunicaciones por el financiamiento de la UNCo y a los Bomberos, el recorte de asignaciones familiares, el aumento de la nafta y la política diplomática por Malvinas.
En la sesión presidida por el concejal Diego Benítez (JSB), los ediles avalaron por unanimidad del Proyecto de Ordenanza 805/18, del Ejecutivo, que desadjudica 13 inmuebles relevados en distintos barrios por el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social con irregularidades (principalmente, por no estar habitados) y se los adjudica a nuevas familias del registro de demanda.
Luego, aprobaron la Comunicación 922/18, propuesta por Gerardo Ávila (JSB), para reconocer el accionar de las autoridades chilenas en torno a la causa Malvinas, por las últimas declaraciones de apoyo que constituyen “un hecho histórico que afianza la hermandad entre nuestros países”. El autor del proyecto resaltó el valor de las declaraciones del Canciller Roberto Ampuero, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio, cuando reconoció los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas.
Se sancionaron dos comunicaciones impulsadas por Carlos Sánchez y Puente (JSB) y Ana Marks (FpV), rechazando la reducción en las asignaciones familiares por la eliminación de las “zonas diferenciales” anunciada por el gobierno nacional –y luego suspendida por un mes-, entendiendo que el costo de vida en la Patagonia es más elevado, por lo que requirieron la derogación del Decreto 702/18.
Se sancionaron otras dos comunicaciones al Gobierno Nacional propuestas por Ávila: el primero (929/18), manifestando preocupación por el recorte de fondos al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y solicitando se tomen las medidas necesarias para salvaguardar y garantizar en tiempo y forma los fondos genuinos que fueron establecidos por la ley nacional 25054 con destino al correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
El restante (930/18) fue sancionado junto al Proyecto 936/18, de Daniel Natapof (FpV). Ambos solicitan la regularización inmediata de los pagos adeudados y se garanticen los fondos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades en la misma.
Finalmente, por impulso de Cristina Painefil (JSB), se aprobó por unanimidad una comunicación (948/18) para solicitar al Ministro de Energía y Minería de la Nación que arbitre de manera urgente todas las medidas a su alcance para evitar la suba de los combustibles, en la región patagónica, a través de políticas a largo plazo. Se incorporó al expediente una nota de la Defensoría del Pueblo, adhiriendo a la iniciativa.
