La comisión presidida por Cristina Painefil (JSB) se reunió este martes y avanzó con el tratamiento de proyectos que buscan facilitar el acceso al agua potable, desalentar el consumo de alcohol en conductores, la protección de los derechos del consumidor y la calidad del transporte urbano.
En primera instancia, abordaron la iniciativa 839-18, de Painefil, que dispone que los locales gastronómicos, discotecas, alojamientos turísticos, clubes y establecimientos de espectáculos públicos deben poner a disposición de todos sus clientes agua potable para el consumo.
También contempla la colocación de bebederos públicos en lugares estratégicos de la ciudad, con un diseño universal y un acceso diferenciado para animales. Para la implementación, además de partidas de la comuna, se implementará el programa de padrinazgos de espacios públicos. De la comisión, participó el grupo de vecinos que acercó la idea, que seguirá debatiéndose en próximas reuniones.
Luego, comenzaron a tratar el proyecto 823-18 del Ejecutivo, que crea el registro de conductores inhabilitados, suspendidos y/o sancionados por autoridad judicial o administrativa competente. Es una medida complementaria para desalentar principalmente el consumo de alcohol al volante, además de una herramienta de consulta y control para los vecinos y vecinas de la ciudad. JSB trabajará en modificaciones en base al dictamen de Asesoría Letrada.
Por otro lado, los ediles acordaron convocar a la OMIDUC y funcionarios del Ejecutivo Municipal para conocer la posición sobre el Proyecto 574-17, de Ramón Chiocconi (FpV), que crea un mecanismo de protección de los derechos del usuario y el consumidor basado en el principio de lealtad comercial, para evitar abusos como la suba desmedida de precios en casos de contingencias.
Finalmente, comenzaron a tratar la iniciativa 736-17 de Ana Marks (FpV), que propone incorporar a usuarios (representantes de organizaciones, el Consejo de Discapacidad, Juntas Vecinales y estudiantes) a la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros, para fiscalizar el cumplimiento del contrato y la ejecución de plan de accesibilidad de las unidades.
