En la sesión ordinaria realizada este jueves, los ediles sancionaron por unanimidad tres comunicaciones. Repudiaron el aumento del gas, destacaron el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y requirieron la prórroga de un decreto para garantizar el suministro eléctrico en Bariloche.
La primera comunicación aprobada está dirigida al Ministro de Energía y Minería de la Nación, propuesta por el concejal Daniel Natapof (FpV), para rechazar el aumento del 36% en el gas a la Patagonia y solicitar que se dé marcha atrás con el tarifazo. “Resulta a todas luces incoherente autorizaciones de tarifazos que superan e inclusive duplican las previsiones inflacionarias del propio gobierno nacional”, evaluó.
Luego, con la presencia de organizaciones de género, aprobaron una comunicación propuesta por Ana Marks (FpV), manifestando a las Cámaras de Diputados y Senadores el beneplácito de la institución por el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. “En su enorme mayoría, mueren por abortos clandestinos mujeres pobres que no cuentan con los recursos necesarios para acceder al millonario negocio privado del aborto clandestino en condiciones mínimas de seguridad”, asegura la comunicación.
Al proyecto en tratamiento lo presentan las organizaciones desde el 2007, y establece el derecho a abortar en hospital público o clínica privada en las primeras 14 semanas de gestación o con determinadas condiciones (violación, riesgo de vida, entre otras) con gastos cubiertos por obras sociales y prepagas.
Finalmente, los ediles sancionaron la Comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, impulsada por Gerardo Ávila (JSB), para requerir la prórroga decreto PEN 134/2015 y garantizar los precios de contrato para la adquisición de combustible en Centrales Térmicas a base de combustibles fósiles, con prioridad en la zona patagónica. En Bariloche hace 7 años se adjudicó a la empresa So Energy la generación de 20MW a base de gasoil desde la Estación La Paloma, para mantener estable el suministro eléctrico necesario. En vencimiento del decreto pone en peligro la continuidad del servicio, por el impacto en el costo de funcionamiento.
