DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE COMUNICA EL RECHAZO AL VETO PRESIDENCIAL A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
ANTECEDENTES
Constitución Nacional.
Ley de Educación Superior 24521.
Ley de Financiamiento Universitario 27757.
Constitución de la Provincia de Río Negro.
Carta Orgánica Municipal.
FUNDAMENTOS
Después de la segunda y masiva Marcha Federal Universitaria, que exigió la defensa de la universidad y la educación pública frente al ajuste del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei decidió vetar la ley 27757 de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 879/2024. Esta ley, que había sido aprobada en el Senado el 12 de septiembre con un respaldo de 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, representaba un fuerte consenso en pro de la educación superior.
El veto no solo bloquea la ampliación de los recursos económicos destinados a las universidades, sino que también constituye un ataque directo a la educación pública y un retroceso en los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior de 1995. Esta normativa, tenía como objetivo fundamental asegurar el financiamiento adecuado para las casas de altos estudios, así como actualizar las partidas de gastos de funcionamiento para 2024. Esto era crucial en un contexto marcado por la inflación y la reducción de presupuestos en años anteriores.
La ley también se proponía mejorar la situación salarial de docentes y no docentes, quienes se encuentran, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, el veto presidencial ha desencadenado un mecanismo de avasallamiento democrático, donde la decisión de un gobierno de minorías se impone sobre la voluntad consensuada por mayorías en ambas cámaras legislativas. Este hecho plantea serias interrogantes sobre la salud democrática del país y revela una estrategia de hostigamiento hacia la educación pública, alimentada por una campaña que desacredita a las universidades, presentándolas como ineficientes y corruptas.
Las acusaciones del gobierno, centradas en la supuesta ineficiencia y adoctrinamiento en las universidades, se utilizan como justificación para ahogar financieramente estas instituciones y avanzar hacia su privatización. La caída del 58% en las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento es un claro indicativo de esta estrategia, que busca mercantilizar la educación pública, similar a lo que ocurrió en la década de 1990. La acusación de adoctrinamiento se convierte en un instrumento de disciplinamiento, que cercena la libertad de expresión y la libertad de cátedra, además de promover la persecución de posturas críticas al gobierno.
Es fundamental destacar que la creación de universidades nacionales en regiones alejadas de los grandes centros urbanos ha permitido a jóvenes de provincias acceder a estudios superiores que de otro modo no tendrían. Recientes datos sobre el perfil de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro muestran que el 51,3% son primera generación de universitarios, el 63,3% son mujeres y el 46,6% provienen de sectores socioeconómicos bajos. Esta realidad desmiente las falacias propagadas por el presidente en su intento de socavar la educación superior.
Si se afecta el funcionamiento de las universidades nacionales de Río Negro (UNRN, UNCO, UTN), los jóvenes de la provincia no tendrían acceso a la educación pública y gratuita, privándolos de una herramienta fundamental de movilidad social. En el actual contexto económico, muy pocos podrían permitirse estudiar fuera de su provincia.
El reciente veto ha generado una fuerte indignación en la comunidad universitaria, especialmente tras la votación de los diputados nacionales por Río Negro, como Sergio Capozzi, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde, quienes respaldaron el veto. Aunque la pluralidad de ideas es un pilar de la democracia, es inadmisible que estas posturas estén por encima de la Constitución Nacional y de la Ley de Educación Superior, que establece la responsabilidad indelegable del Estado sobre la educación, garantizando igualdad de oportunidades y condiciones de acceso.
El Gobierno nacional no eligió un adversario cualquiera; las universidades son instituciones con un profundo arraigo y aceptación en la sociedad argentina. Los profesionales que se forman en ellas son esenciales para el desarrollo del país. Las universidades nacionales han sido protagonistas de transformaciones históricas, y su debilitamiento amenaza el futuro de la educación y la ciencia en Argentina.
En este contexto, el Consejo Directivo, como órgano de cogobierno que incluye a docentes, nodocentes, estudiantes y graduados, se pronuncia firmemente en contra del veto y de la asfixia presupuestaria que afecta a las universidades. Es responsabilidad del Estado nacional proveer recursos adecuados, como establece el artículo 2° de la Ley de Educación Superior. La comunidad universitaria ha manifestado su preocupación a través de marchas, asambleas y actividades de visibilización, reclamando un futuro que respete el derecho a la educación y garantice la inclusión y permanencia de todos los estudiantes.
Es imperioso restablecer el compromiso con la educación pública y garantizar el financiamiento necesario para las universidades nacionales. La protección de estos espacios es crucial no solo para el desarrollo académico, sino también para la movilidad social de millones de jóvenes en Argentina. Hacemos un llamado a todos los legisladores a reconsiderar su postura frente a la defensa de la educación superior, a ratificar su apoyo a las leyes que aseguran su financiamiento y a garantizar que la voz de la comunidad educativa sea escuchada y respetada en el ámbito legislativo. La educación pública no debe ser un objeto de negociación, sino un derecho inalienable de cada argentino.
AUTOR: Concejal Leandro Costa Brutten. (Incluyendo Bariloche).
COLABORADORA: Dra. Andrea Fabiana Galaverna.
El proyecto original N.º 208/24 fue aprobado en la sesión del día 31 de octubre de 2024, según consta en el Acta N.º 1195/24. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
SANCIONA CON CARÁCTER DE
COMUNICACIÓN
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Art. 1°) |
Se comunica al Sr. Presidente de la Nación, al Gobernador de la Provincia de Río Negro, al Congreso de la Nación Argentina, a los Senadores y Diputados Nacionales por Río Negro y a la Legislatura de Río Negro, el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. |
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Art. 2°) |
Se comunica al Sr. Presidente de la Nación, al Gobernador de la Provincia de Río Negro, al Congreso de la Nación Argentina, a los Senadores y Diputados Nacionales por Río Negro y a la Legislatura de Río Negro, el repudio al accionar de los diputados nacionales y provinciales que contribuyeron con su voto, a la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. |
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Art. 3°) |
Comuníquese. Dése a publicidad. Cumplido, archívese. |
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