Este lunes se realizó por videoconferencia una comisión conjunta de Economía, y Gobierno y Legales. Los ediles analizaron el proyecto de ordenanza 126-2020 del intendente Gustavo Gennuso y el bloque JSRN, el cual establece la eximición del 100% de la TISH y sus componentes para aquellas actividades económicas cuyo rubro principal consista en actividades o servicios no exceptuados (teniendo en cuenta las medidas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio) y que les correspondería abonar el pago mínimo y los componentes del tributo.
Dictaminaron por unanimidad de manera favorable esta iniciativa, a la que subsumieron el proyecto de ordenanza 121-2020 del FdT que busca la exención de la TISH y sus componentes para pequeños alojamientos turísticos por el plazo de 180 días a partir de su promulgación. Además, acordaron ampliar la coautoría al resto de los bloques. La propuesta será tratada y sometida a votación en la próxima sesión.
Contó con el aval de Claudia Torres (JSRN), Carlos Sánchez y Puente (JSRN), Marcelo Casas (FdT), Gerardo Ávila (JSRN), Pablo Chamatropulos (POBAR), Roxana Ferreyra (FdT), Ariel Cárdenas (BxC), Julieta Wallace (FdT) y Gerardo del Río (PUL).
El documento también plantea un descuento equivalente al 50% del pago mínimo de la TISH y el 50% de los componentes (Emprotur, Publicidad, Residuos Urbanos) para aquellas actividades que tengan que pagar un monto igual o superior al pago mínimo y desarrollen actividades o servicios esenciales (por lo tanto están exceptuados de cumplir con el aislamiento).
El proyecto aclara que en ambos casos los contribuyentes deberán cumplir con la categorización “Micro” y “Pequeños” dentro de la tabla SePyMe, de la Secretaría de Pyme y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación, o la que a futuro la reemplace.
Luego, reunidos solamente en la comisión de Economía, abordaron el proyecto de ordenanza 0087-2020, de autoría del bloque JSRN y de la Defensora del Pueblo Beatriz Oñate.
La iniciativa busca, entre otras cosas, que haya un fácil acceso público a la información relacionada a cuáles son los derechos de los inquilinos, dónde deben asesorarse, qué vías de denuncias existen y qué obligaciones tienen tanto los propietarios de los inmuebles que se alquilan como las inmobiliarias.
El proyecto establece la implementación obligatoria de cartelería y la creación de una guía para alquileres en Bariloche, en los locales comerciales destinados al rubro inmobiliario.
A la reunión fue invitado Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, quien remarcó la importancia de la existencia de medidas “que puedan defender a la parte más débil, que en este caso son los locatarios y locatarias”.
Destacó además que es necesario que los inquilinos conozcan sus derechos y sepan cuáles son las leyes vigentes. En tanto, sostuvo que hay que obligar a las inmobiliarias a a que cumplan con la ley de alquileres y que la informen. En este sentido, resaltó que la normativa “es fundamental para acceder a una vivienda de manera digna y justa”.
Los concejales escucharon atentamente el relato de Díaz y acordaron continuar analizando el proyecto en la próxima comisión.
