La concejal Ana Marks (FpV) presentó un Proyecto de Ordenanza para incluir a representantes de organizaciones, el Consejo de Discapacidad, Juntas Vecinales y estudiantes a la Comisión encargada de controlar el cumplimiento del contrato de Transporte Urbano de Pasajeros.
La iniciativa, trabajada junto a la multisectorial por el transporte público en Bariloche, tomará estado parlamentario en la próxima sesión, y entiende al TUP como un "sistema" conformado por cuatro partes: el usuario del servicio, el municipio, la empresa prestadora y el personal.
Marks recordó que en la Comisión de Seguimiento creada en 2012 por Ordenanza, se garantizó la representación de todas las partes. Pero que luego del proceso licitatorio del transporte que quedó desierto y derivó en la contratación directa de Transportes Amancay SRL, se creó una comisión a la que “le falta un integrante imprescindible, el/la usuario/a, que es en definitiva la razón de ser del servicio”.
Al respecto, entendió que es necesario asegurar la participación de los distintos actores que conforman el Servicio y que lo que la Comisión resuelva sea informado a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, garantizando el derecho al acceso a la información pública y otorgando transparencia a los actos que involucran al Estado.
Consecuentemente, propone incorporar representantes de organizaciones de la sociedad, del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad elegida por dicho Consejo, de Juntas Vecinales y del sector estudiantil.
Este espacio de seguimiento, es el encargado de incorporar nuevas prestaciones o modificar las existentes, frecuencias y recorridos; revisar la tarifa, controlar el cumplimiento del contrato y auditar la documentación respaldatoria. La propuesta de Marks también le asigna el rol de controlar el cumplimiento de la ejecución de plan de accesibilidad de las unidades, con un 30% al mes de abril de 2018 y en un 100% al mes de julio de 2020.
Foto: Municipalidad de Bariloche