Todos los bloques acompañaron el rechazo a la reciente medida de la Corte Suprema de Justicia que otorga el beneficio a penas de prisión por delitos de lesa humanidad. También solicitaron juicio político a los jueces.
La iniciativa de Claudia Contreras y Gerardo Ávila (JSB), para repudiar el fallo de la Corte, obtuvo el respaldo de la totalidad de los ediles. En los argumentos, expresaron que “la desaparición forzada de personas es la expresión más perfecta y siniestra del terrorismo de estado y no debe existir ningún atenuante en las condenas de quienes las llevaron adelante”. Asimismo, manifestaron que “los delitos de lesa humanidad deben ser investigados, juzgados y sancionados, por lo que este fallo no es más que un retroceso en materia de derechos humanos y es contrario al concepto fundamental de Memoria, Verdad y Justicia que tenemos en nuestro país”.
En el proyecto de comunicación, destacaron los argumentos vertidos en contrario por la minoría en la corte: “En virtud de la calificación de los delitos de lesa humanidad que efectuara esta Corte, no es admisible que una ley cuya finalidad fue limitar temporalmente la prisión preventiva, que es una medida procesal, pueda significar un cambio en la valoración típica de delitos que tienen una dimensión que claramente excede ese ámbito”.
También fue aprobada -en este caso por mayoría, con la negativa del PRO- la Comunicación propuesta por el bloque FpV a la Cámara de Diputados para que analice la posibilidad de impulsar el pedido de juicio político contra los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz.
