El bloque Frente para la Victoria (FpV) presentó en el Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza para la prevención y erradicación de este tipo de violencia en el ámbito Municipal. Propone cubrir un bache normativo fijando la autoridad de aplicación en caso de ser denunciados funcionarios políticos e incorpora un peritaje psiquiátrico.
La iniciativa modifica el marco legal aprobado en 2011 porque “no queda claro, sobre todo en el caso en que el/la victimario/a pertenezca a la planta política, cuál es la autoridad de aplicación, cuál es el proceso administrativo pertinente y cuáles serían las sanciones una vez comprobada la violencia laboral” y no habilita profesionales especializados "para determinar de forma objetiva la existencia o no de violencia”.
Consecuentemente, la propuesta incorpora la figura del Perito Psiquiátrico como parte esencial del procedimiento, especifica los distintos tipos de violencia laboral y define los procedimientos para realizar la denuncia y las medidas precautorias,
Si se aprueba la propuesta, los casos denunciados entre trabajadores municipales se tramitarán a través del Tribunal de Calificación y Disciplina. Cuando el denunciado no pertenezca a la planta permanente, si no política, se propone la conformación de un Tribunal Instructor compuesto por dos representantes del Concejo (uno por la mayoría y uno por la minoría), el Director de Recursos Humanos, un vocal del Tribunal de Contralor y un representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.
El bloque integrado por Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof argumentó que en determinados contextos históricos, donde las relaciones laborales se libran a su suerte en el juego de la oferta y la demanda, o cuando un Estado flexibiliza las legislaciones que protegen a los/as trabajadores/as, “se crea la tormenta perfecta que habilita el matrato y la violencia”. El miedo a perder el empleo, o a no conseguirlo, “es el disciplinador más efectivo para internalizar condiciones y ambientes laborales que no se ajustan a derecho”.
Advirtió, entre otras consecuencias, el deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades profesionales por parte de la víctima, el desarrollo de la culpabilidad y la somatización del conflicto con enfermedades físicas.
