“En virtud del tarifazo que surge del aumento compulsivo de las facturas de gas, declaramos que los aumentos, que arriban hasta un 2000 por ciento mensual, importan incrementos desmedidos, arbitrarios y confiscatorios”, fijaron los ediles, advirtiendo que “implicarán un quiebre en las economías regionales del sur argentino”, que dependen del gas para calefaccionarse, producir, ejercer la actividad comercial y turística.
Estimaron que también se reflejarán subas en el GNC y las garrafas “imprescindibles para la calefacción en los sectores sociales más vulnerables”. Esta situación, y la demora en la finalización del gasoducto cordillerano, también pondría en riesgo a los bosques naturales, ya que muchas familias sustituirán el gas por el uso de leña.
El pedido de nulidad al Gobierno Nacional, también se basa en que el aumento fue sancionado “sin participación previa de usuarios y consumidores”, por lo que requieren “no innovar” en los valores del gas natural y convocar a las audiencias públicas correspondientes.
Viviana Gelaín, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila y Cristina Painefil fueron los concejales barilochenses que participaron en esta primera reunión, de que también formaron partes funcionarios y cámaras empresariales.
