La impulsora de la iniciativa, Ana Marks (FpV) aseveró que la ordenanza vigente es de 1996, por lo que era necesario adaptarla al nuevo marco normativo y los sustanciales avances en materia de protección de derecho de los niños, niñas y adolescentes; incorporando “cambios en la mirada, en la habilitación, en la fiscalización y en el acompañamiento del Estado municipal a los jardines maternales para garantizar la educación y el cuidado de los niños y niñas de entre 45 días y 4 años”.
La edil definió que la educación “es un derecho universal y debe garantizarse en condiciones de igualdad que puedan promover el desarrollo integral”, para lo que consideré indispensable jerarquizar estos establecimientos “nivelando las exigencias para la habilitación a las leyes nacionales y provinciales”.
La norma busca garantizar condiciones edilicias e instalaciones adecuadas, accesibles para personas con discapacidad. También la supervisión e informes periódicos sobre los proyectos educativos institucionales, que tienen que garantizar contenidos mínimos, y que profesionales de la educación estén a cargo de las salas, entre otros aspectos.