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Las concejales Ana Marks (FpV) y Viviana Gelain (JSB), presentaron un proyecto de comunicación solicitando al Instituto de la Vivienda y al Consejo Provincial de Discapacidad, información urgente sobre el cumplimiento de la Ley rionegrina 2055, que fija cupos de hogares para personas con discapacidad.

Por iniciativa del Consejo consultivo Local para Personas con Discapacidad, se requerirá al IPPV y al Consejo Provincial que informen el proceso de adjudicación de viviendas para personas con discapacidad, en cuanto a requisitos, trámites administrativos y plazos de resolución. También los criterios para el orden de prioridades, la cantidad de beneficiarios adjudicados en los últimos 5 años y su listado.

En el proyecto consideraron que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental, y que la normativa entiende que las personas con discapacidad tienen el mayor grado de vulnerabilidad social, producto de la dificultad de acceso al trabajo, a la educación, a la atención médica y a la seguridad social.

La Ley Provincial 2055 fija que el Estado provincial procurará a las personas con discapacidad el acceso a la vivienda, destinando a ellos el 10 por ciento en cada uno de los planes habitacionales oficiales, con un orden de prioridad establecido por el Consejo Provincial del Discapacitado, en acuerdo con el Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad. Sin embargo, el espacio local “no ha recibido hasta el momento ninguna consulta ni información al respecto”, desconoce el listado de beneficiarios y los “criterios de elegibilidad”.